La Acreditación es un formulismo burocrático que permite a aquellos que lo obtengan presentarse a concurso público para una plaza docente laboral o funcionarial en las distintas universidades españolas.
¿Quién otorga estas acreditaciones?
La ANECA a nivel estatal y la AQU a nivel autonómico estas agencias, a la vez, se encargan de hacer una ‘evaluaciones’ y ‘aprobar’ los distintos planes de estudio que se ofertan en las universidades españolas.
¿De quien dependen estas agencias?
La estatal depende del ministerio y la autonómica de la conselleria correspondiente. La función de dirección en estas agencias vienen de la mano del nombramiento directo del ministerio o la conselleria. Por ejemplificar: El actual director de la AQU es Josep Joan Moreso, exrector(2005-2013) de la UPF (Universidad Pompeu Fabra), un rector que tuvo un papel muy significativo como impulsor de la implantación de Bolonia en sus facultades y que condensa en su hacer toda la esencia democrática ganando las últimas elecciones a las que se presentó como único candidato. Además, la Universidad Pompeu Fabra se caracteriza por se una de las que más precariedad laboral tiene (Ver Profesores).
En este sentido, su nombramiento para un cargo tan relevante, al menos a nivel salarial, tiene un nombre y es: gratificación por el trabajo hecho.
Estas agencias tienen conexiones internacionales con toda un red de agencias europeas que se encargan de velar por la calidad universitaria y el cumplimiento de una serie de standards definidos internacionalmente, desconocemos exactamente donde, cuando, cómo, qué y por qué.
La Acreditación, la publicación y la investigación:
El procedimiento de la acreditación es inaudito en gran parte de los países europeos, y se impulsó, según apunta una de sus exdirectoras (Gemma Rauret), como un procedimiento para impedir que ‘candidatos que no tuvieran el nivel’ pudieran llegar a ser profesores universitarios. Para acabar con ciertas prácticas de enchufismo e indecencia muy propias de la universidad franquista y que dejaron una larga estela.
Así, se ha impuesto un procedimiento burocrático de conteo de unos cuantos, y no pocos, méritos cuantificados por un sistema de medición muy intrincado y que puede ser consultado en las respectivas webs de las agencias. Como no podía ser de otra manera, ya que sino, cabría preguntarse porqué existen dos agencias que desarrollan las mismas funciones, cada una de ellas ha establecido su propio sistema de conteo. En cualquier caso, a pesar de las varianzas, lo que guarda mayor peso es lo relacionado con la publicación en revistas de ‘prestigio’ y la investigación financiada.
La publicación en revistas consiste en que los docentes deben publicar artículos, cuyo valor será cuantificado según unos indices desarrollados por la empresa Thompson Reuters (hay otros) y que van de alguna manera en función de la revista dónde se publica y el numero de citaciones que el artículo recibe en un determinado periodo de tiempo. Así, se establece todo un circuito de citaciones múltiples y reciprocas, de repeticiones y publicaciones prescindibles, e incluso censura fáctica de aquellos temas que no son los que están de moda. Este indice es tan fiable que el Gordon Macomber, cuando fue escogido como presidente de Thompson Reuters afirmó: el índice de impacto de las revistas no debe ser utilizado para evaluar ni investigadores ni proyectos. (1)
Sin embargo, a pesar de los múltiples problemas y que han sido señalados por muchos investigadores, se usa. El despropósito no acaba aquí. Las revistas que mayor prestigio tienen, y por ello, aquellas donde el investigador querrá publicar, pues así gana puntitos, son de ámbito internacional y muy a menudo se encuentran bajo manos privadas que hacen un negocio con las publicaciones de unos artículos que han sido producidos bajo soporte y financiación públicos. Pero es que además, luego las mismas universidades públicas para disponer de estas revistas y por tanto de los artículos, han de pasar por caja, pagar, grandes sumas para poder tener esa publicación en su haber.
Tiempo atrás, parte de estas revistas con vocación científica, eran de propiedad pública o estaban vinculadas directamente a través de algún centro de investigación, grupo de investigación, universidad, etc, que gestionaba su contenido y publicación bajo el amparo del sector público y con unos intereses que seguro tenían poco que ver con otros intereses espurios derivados de la voluntad de negocio. Así, anteriormente la publicación de estas revistas públicas era una carga económica significativa por los costes de impresión y distribución, y por tanto, tenía justificación el pago de cierta cantidad para cubrir los costes de edición. Hoy, la publicación de estas revistas y su distribución no representa más una carga económica significativa, pues existe internet. Sin embargo, el estado ha renunciado a este tipo de publicaciones en pro de hacer el juego a los intereses privados que subsisten de forma parasitaria al sistema público de investigación.
No es sólo que se privatice, se cierre y se ponga precio al conocimiento, conocimiento, insistimos, púbicamente financiado, sino que la perversión del sistema llega a que en algunos casos, sea el propio investigador quien tenga que pagar para poder publicar en determinadas revistas, así como para acceder al conocimiento en ellas publicado. Todo esto lleva a que a la larga el que puede publicar e investigar, lo puede hacer porque tiene detrás una financiación que le permite hacerlo. Y, ¿Cómo un investigador consigue esta financiación?
Pues trabajando excelentemente, publicando en buenas revistas! Empiezan a entender como funciona no?
En su defecto, al servicio de quien ponga el dinero: ya que quien pone la pasta manda, excepto si es un ciudadano corriente.
(1) Enlace externo.
